Un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de Miriam Gladys Liborio, lleva adelante un proyecto que analiza las desigualdades urbanas en el acceso a la vivienda y a las oportunidades que ofrece la ciudad.
El estudio, denominado “La configuración socio-espacial de las desigualdades. Una propuesta metodológica para determinar el acceso a las oportunidades urbanas y a la vivienda en Córdoba”, se inició en 2023 y tiene como fecha de conclusión prevista agosto del corriente año.
Los investigadores buscan caracterizar la configuración socio-espacial de las inequidades en el acceso a la vivienda y elaborar un índice de desigualdad territorial. El proyecto está financiado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. El horizonte del Observatorio es que este y otros indicadores se continúen monitoreando en el tiempo.
En primera instancia, el objetivo general es detallar la configuración socio-espacial de las desigualdades urbanas a partir del reconocimiento de las condiciones de acceso a la vivienda y a las oportunidades que la ciudad ofrece. A partir de 327 encuestas realizadas a personas que residen en sectores con acceso desfavorable a las oportunidades urbanas en el Gran Córdoba, se prevé como resultado la creación de un mapa estratificado de características de dichas posibilidades.
Se trata de un estudio multidisciplinario que conjuga el aporte de profesionales pertenecientes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Departamento de Geografía, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La directora, en una entrevista con Anarchivo, afirmó: “El proyecto surge por parte del equipo que hace mucho tiempo estudia las problemáticas de la ciudad de Córdoba y la capacidad de acceso”. Y agregó: “El derecho a la vivienda es un derecho inalienable, no existe un ‘no lugar’, los actores más empobrecidos están sujetos a peores condiciones de acceso”.
Actores y roles en la cuestión habitacional
Para abordar la compleja problemática del acceso a la vivienda en el Gran Córdoba, no solo es necesario precisar qué actores están involucrados, como las personas que necesitan un lugar donde vivir, el sector privado y el Estado, sino también cuáles son los roles que ejercen. Según Liborio, “El mismo actor juega muchos roles, que incluso son contradictorios entre sí. El Estado a veces actúa en beneficio de la gente, otras veces a favor de los convenios urbanísticos. Entonces tenés un jugador que es bastante impredecible.”
Por el lado del Estado se puede nombrar la intervención de la Municipalidad de Córdoba, que en los últimos años ha realizado relevamientos sobre la situación habitacional, aunque también ha mostrado ausencia en algunos barrios debido al avance del narcotráfico. Otro rol central tiene que ver con las relaciones entre el municipio y las empresas desarrollistas para la aprobación de convenios urbanísticos.
En cuanto a la intervención estatal nacional, se puede destacar el trabajo realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), o proyectos como PROCREAR, que en su momento pudo responder a la problemática habitacional, aunque solo para un sector de la clase media que ya poseía tierras. Finalmente, hablando de los diversos roles que pueden tener los actores involucrados en este tema, también se menciona la disolución de la Secretaría de Vivienda en febrero de este año.
Por lo menos en Córdoba, el sector privado está compuesto por unas pocas empresas desarrollistas. La docente e investigadora nombró a Edisur y al Grupo Proaco, entre otras. La dinámica que estas últimas establecen con el municipio se caracteriza por generar “proyectos de gran escala donde se alteran básicamente casi todas las normativas urbanas”. Liborio explica que las normativas son tres: el fraccionamiento del suelo, la edificabilidad y el uso del suelo. Y agrega: “Lo que ellos logran, a partir de estos convenios, es tener mayores beneficios con respecto a la urbanización de ese territorio”.
El Estado, al no encargarse de la planificación urbana y dejar la urbanización en manos de los desarrollistas, produce una “malapraxis”. Cuando suceden situaciones como inundaciones, “a largo plazo, toda la comunidad es la que responde a esos problemas”, pero no el sector privado que se benefició en un primer momento de los convenios obtenidos.
Los datos que este estudio recopiló dan cuenta de que las personas siempre buscan formas “más o menos dignas” de resolver la cuestión habitacional, aunque a veces eso signifique vivir en situaciones de mucha precariedad. El problema de que actualmente no haya políticas públicas que respondan a esta necesidad es que “estemos naturalizando que la gente viva así”, advirtió con preocupación Liborio.
La función de la Universidad Nacional de Córdoba
En cuanto al rol que la educación pública tiene en esta crisis habitacional en el Gran Córdoba, Miriam cree que después de la última dictadura militar las lógicas de la academia cambiaron. Las universidades de arquitectura, o por lo menos la de Córdoba, han seguido una formación de profesionales en función de lo que el mercado requiere.
Para que esta grave crisis del sector inmobiliario haya llegado hasta el punto en que hoy se encuentra no solo han intervenido el sector estatal y el privado, sino que también la academia ha ocupado un rol importante. En los últimos años existen muy pocas cátedras que le den importancia a los problemas sociales como el hábitat popular; hay una decisión política de privilegiar a los profesionales del mercado y no a aquellos destinados a trabajar en contextos de escasez.
Miriam, además, explicó que existen muchos países en peores condiciones que el nuestro, pero que tienen buenas prácticas profesionales en cuestiones de habitabilidad residencial y también en edificios públicos. “Acá existe un corrimiento, y no se provee a los estudiantes de las lógicas distintas que imperan en otros contextos”, señaló.
Por otro lado, la arquitecta remarcó que la función que cumplen las universidades para la sociedad no se discute, pero que de alguna forma debería volver a ponerse en agenda. Y además explicó: “Yo no estoy en contra de que se urbanice, pero es el Estado el que tendría que tener un plan de desarrollo conjunto con los otros municipios del área metropolitana de Córdoba, porque hay muchos ejemplos de cómo termina la provincia haciéndose cargo de obras como la de El Tropezón, con un gran endeudamiento por la migración que hubo entre 2000 y 2010 a La Calera. Sin embargo, nadie pensó en cómo esa gente tenía que ir y venir hasta Córdoba”.
Para finalizar, la investigadora reflexionó e invitó a recapacitar a todos los cordobeses: “Estamos privatizando los beneficios y asumiendo las pérdidas a nivel general”.
